Por: Luis Castellanos
SANTO DOMINGO.- El Senado de la República aprobó en primera lectura y en una sesión prácticamente secreta, un proyecto de reforma a la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, donde se propone modificar la distribución de los fondos de los ayuntamientos para unificar en una sola partida los fondos destinados al pago de salarios y a la prestación de los servicios municipales.
El proyecto aprobado modifica el artículo 21 de la ley 176-07, sobre el destino de los fondos, para asignar hasta un 56 por cientos de los ingresos propios y de otras fuentes establecidas por las leyes, para gastos de personal y servicios, sustituyendo el mandato actual que dispone hasta un 25 por ciento para gastos de personal y hasta un 31 por ciento para actividades y el funcionamiento de los servicios municipales.
El cambio propuesto no define la proporción entre los recursos que deben ser asignados al pago de salarios ni los que deberían ser destinados a los servicios públicos que competen a los ayuntamientos.
En la modificación se plantea asignar “al menos el cuarenta por ciento (40%), para obras de infraestructura, adquisición, construcción y modificación de inmuebles y adquisición de bienes muebles asociados a esos proyectos, incluyendo gastos de preinversión e inversión para iniciativas de desarrollo económico local y social”. El proyecto mantiene un 4 por ciento para programas educativos, de género y salud.
El pleno del senado acogió un informe de los senadores Rafael Calderón y Charles Mariotti, en representación la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se modifican los artículos 7, 21, 52, 77, 79, 81, 82, 105, 108, 155 y 323 de la actual ley municipal.
La ley 176-07 fue aprobada y promulgada en el año 2007 luego de un amplio proceso de consultas en el que participaron representantes de entidades políticas, técnicas, académicas, sociales y comunitarias.
Se ignoran las razones por las cuales en esta oportunidad no se promovió una consulta similar ni se informó sobre la aprobación senatorial del proyecto de modificación.
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