Por Nelson Peralta
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), doctor Milton Ray Guevara, afirmó ayer en la apertura del II Congreso Internacional de Derecho Constitucional, que presidió la vicepresidente, Margarita Cedeño que el mayor reto de la sociedad es construir un estado social y democrático de derecho.
Declaró que garantizar la progresisividad, exigibilidad y justicialidad de os derechos económicos y sociales es una obligación de todos, sin excepción el sector público y privado.
Al pronunciar el discurso central del acto para dejar iniciado el II Congreso Internacional Sobre Derecho Constitucional, planteó la necesidad de la materialización de las prerrogativas reconocidas al ciudadano para hacer exigible el respecto y cumplimiento por parte del Estado de los derechos económicos y sociales.
Sostuvo que la Constitución establece a partir del artículo 50 que la libertad de empresa, el derecho de propiedad, el derecho de propiedad intelectual, los derechos del consumidor, la seguridad alimentaria los derechos de familia y otros como parte de los derechos económicos y sociales.
“En definitiva no hay dudas que por ese entramado jurídico se han definido los derechos sociales como las prestaciones jurídicamente exigibles al Estado o a los particulares, bajo la presión del Estado, a favor de los sectores económicamente más débiles e la población”, explicó el presidente del TC, ante la vicepresidente, legisladores, funcionarios del gobierno de las altas cortes e invitados internacionales.
Recordó el doctor Ray Guevera que la Constitución Dominicana en su artículo 7, hace referencia al Estado social y democrático de derecho organizado en forma de Republica Dominicana, fundado en el respeto, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
Dijo que los derechos económicos y sociales surgieron para asegurar a todos los ciudadanos las condiciones materiales que le permitan ejercer las demás libertades.
Sostuvo que la igualdad y la no discriminación entre los individuos para acceder a la justicia son determinante para hacer efectivos los derechos económicos y sociales.
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